Derechos Humanos y Frontera

Venezuela en los últimos años se ha caracterizado por tensiones políticas y sociales, con profundas divisiones entre los partidarios del Gobierno y sus opositores y protestas en algunos sectores sociales y productivos, contra los grandes cambios introducidos por el Gobierno del Presidente Hugo Chávez. El Presidente fue re-electo el 3 de diciembre de 2006 por otro período de seis años y en diciembre de 2007 perdió por primera vez una contienda electoral promovida para la reforma Constitucional. Este tipo de acciones, sumadas a la profundización, por parte del gobierno del Socialismo del siglo XXI, sin lugar a duda ha intensificado la polarización, ha promovido la intolerancia, dificultado la convivencia social y por ende aumentado la brecha existente entre sociedad y estado, con las repercusiones propias de violación de Derechos Humanos y deficiente praxis de acciones hacia el respeto y promoción todos los derechos humanos: civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.
Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en su informe 2007 (última actualización publicada), el análisis de la situación de los Derechos Humanos ocurre en un contexto en que aun cuando los niveles de intolerancia no son tan elevados, persisten los riesgos de que el totalitarismo surja en uno u otro contendor político, que la discriminación se mantenga y que se recurra a la violencia con la finalidad de intimidar o eliminar al adversario.
El modo polarizado de expresarse el conflicto, a través de la violencia física y simbólica, sigue teniendo un impacto negativo en la situación de los Derechos Humanos; sólo un procesamiento democrático de las diferencias entre las élites políticas, los sectores socioeconómicos y los proyectos de país que están en tensión, permitirá una mejora sostenida de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
El estado Táchira no escapa de esta situación, específicamente los municipios Junín, Bolívar y Pedro María Ureña, ubicados en el occidente venezolano, al sur del estado, cerca de la frontera colombo-venezolana, desde donde se han venido denunciando violación de los derechos humanos con alegaciones de brutalidad por parte de miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad, así como el aumento aparente de muertes, secuestros, acciones de sicariato y tráfico de bienes y personas, entre otros.
En estas acciones, es necesaria la participación de la sociedad en la promoción al respeto de los Derechos Humanos en los espacios comunitarios, organizaciones de base, Consejos Comunales, organizaciones deportivas, culturales, religiosas y todas las instancias que componen la estructura social a nivel municipal, a la par de sensibilizar a aquellos que han visto los Derechos Humanos como un tema sólo de competencia oficial u organizacional.
Los municipios Junín, Pedro María Ureña y Bolívar, cuentan con muy pocas organizaciones no gubernamentales que desarrollen acciones en pro de los Derechos Humanos, la mayoría de las acciones se han centrado en el apoyo a refugiados y desplazados colombianos. Igualmente, en instrumentos aplicados a miembros de Consejos Comunales, Líderes Comunitarios, funcionarios públicos y docentes, se logró determinar que existe un total desconocimiento de las prácticas de buen gobierno, los convenios firmados por el estado Venezolano al respecto y los mecanismos para el establecimiento de las relaciones estado-sociedad (medios y espacios de participación)
Finalmente, es importante acotar el rol preponderante que la sociedad civil organizada, preparada, capacitada y con herramientas para la acción, cumple en este momento de coyuntura socio política en el país, por lo que hace impostergable el desarrollo de acciones que permitan contribuir al fortalecimiento de las relaciones estado sociedad en comunidades fronterizas del Estado Táchira, a través de la formación para la promoción de los Derechos Humanos y el buen gobierno.